La universidad pública es el próximo objetivo a abatir
Manifiesto de la comunidad universitaria
La Universidad de todas y para todas
La universidad
pública es el próximo objetivo a abatir por el Ministro Wert. Tras
imponer la LOMCE contra la voluntad de la práctica totalidad de la
comunidad educativa, el Ministro pretende dar un golpe de estado dentro
de las universidades públicas, vulnerando sus principios fundamentales
de funcionamiento democrático y su finalidad como vía para la consecución de la justicia social y creación y difusión del pensamiento y la ciencia.
El conjunto de la comunidad universitaria, personal en general y estudiantes, viven un momento de urgencia, similar al que se está desarrollando en Grecia, Italia o Portugal, donde las universidades públicas están siendo objeto de reformas que persiguen objetivos comunes: la conversión de las universidades públicas en centros de formación profesional de mano de obra flexible y adaptable a la voluntad de maximizar el beneficio empresarial, subordinando la producción científica a un idéntico fin. Todo ello se conseguiría eliminando las formas de decisión y gobierno democrático existentes en las universidades públicas, precarizando la mano de obra y reduciendo las plantillas universitarias y sometiendo a las y los estudiantes al endeudamiento permanente (la ya conocida burbuja de préstamos de estudio) para poder sufragarse la educación superior.
Son estos los fines que se contienen en el informe de la “Comisión de expertos” constituida por el Ministerio cuyas propuestas de reforma parten de un diagnóstico erróneo y poco fundamentado de la realidad de las universidades públicas, para plasmar unas ideas marcadas por una profunda ideología autoritaria, neoliberal y mercantilista, que colocará a nuestras universidades, nuestra investigación y nuestro estudiantado en la senda del subdesarrollo educativo y científico. Las propuestas son una vuelta de tuerca más sobre el ahogamiento financiero al que se está sometiendo a las universidades públicas desde el Gobierno, así como a acoso económico que se mantiene sobre l@s estudiantes, con la subida de las tasas y la reducción del número y de la cuantía de las becas.
Desde la publicación de este informe, diversos colectivos de estudiantes, profesores y personal de las universidades públicas han venido trabajando en un “Contra-Informe”, denominado “Manifiesto de la Comunidad Universitaria” (http://www.izquierda-unida.es/manifiesto_universidad_publica) en el que evidencian que la puesta en marcha de estas reforma provocaría una grave involución social que incapacitarían a las Universidades públicas como actores fundamentales de la transformación social y como elementos necesarios para conseguir, desde lo público, una salida socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que padecemos.
Pero más allá de la crítica a las propuestas Wertianas, es el momento de pasar de la protesta a la propuesta. Por ello, el Manifiesto de la Comunidad Universitaria propone las líneas fundamentales de un nuevo modelo de universidad, que es necesario debatir en cada uno de los centros, de las asambleas de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios y en reuniones abiertas al conjunto de la sociedad. Porque el rechazo a la propuesta de Wert no implica el conformismo con el modelo actual y porque somos conscientes de que la defensa de la universidad pública exige que nos esforcemos entre todas para plantear qué modelo de universidad queremos para recuperarla como vía de consecución de la justicia social.
Proponemos un modelo de universidad pública basado en una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto; un sistema universitario de sólidas bases democráticas que garanticen la autonomía y la independencia de las universidades públicas y las relaciones de cooperación y colaboración entre ellas; una universidad orientada al servicio de la sociedad, a la formación de científic@s y profesionales capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa; un modelo educativo centrado en el estudiantado y gratuito, combinado con becas salario para que la situación económica nunca sea un impedimento para el libre desarrollo del derecho a la educación superior; aspiramos a conseguir una estructura de servicio público basado en las relaciones de trabajo estable y de calidad de la totalidad de las y los trabajadores de las universidades públicas sin distinción entre PAS y PDI; queremos unas universidades con un gobierno propio, basado en una estructura realmente democrática y participativa, que permita el permanente contacto con el conjunto de la sociedad, desde los movimientos sociales hasta el tejido empresarial, para que la función social de la institución sea una realidad.
Con estas propuestas como base, estudiantes, profesorado, investigador@s y personal de las Universidades Públicas debemos advertir al Ministro Wert de que no acatarán su reforma de la educación superior porque estamos comprometidas con la defensa de un modelo de Universidad Pública, Laica, Democrática, de todas y para todas. Es precisamente este compromiso lo que nos lleva a lanzar una llamada al conjunto de la sociedad, a toda la ciudadanía, para seguir construyendo resistencias y solidaridades que nos permitan convertir la defensa de la universidad pública en la defensa de los derechos sociales de toda la ciudadanía. Solo así, y como hicimos con la LOMCE, podremos volver a llenar las calles de verde para demostrar nuestro compromiso con lo público y nuestra voluntad de mantener la educación y la ciencia en manos de todas y al servicio de todas.
Enrique Díez, Adoración Guamán, Carlos Martínez, Jheysson Salas y Julia Sánchez. Respectivamente profesores titulares de las Universidades de León y Valencia, estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y personal de administración y servicios de la Universidad Politécnica de Valencia. Todas ellas colaboran con el área de Educación de Izquierda Unida.
El conjunto de la comunidad universitaria, personal en general y estudiantes, viven un momento de urgencia, similar al que se está desarrollando en Grecia, Italia o Portugal, donde las universidades públicas están siendo objeto de reformas que persiguen objetivos comunes: la conversión de las universidades públicas en centros de formación profesional de mano de obra flexible y adaptable a la voluntad de maximizar el beneficio empresarial, subordinando la producción científica a un idéntico fin. Todo ello se conseguiría eliminando las formas de decisión y gobierno democrático existentes en las universidades públicas, precarizando la mano de obra y reduciendo las plantillas universitarias y sometiendo a las y los estudiantes al endeudamiento permanente (la ya conocida burbuja de préstamos de estudio) para poder sufragarse la educación superior.
Son estos los fines que se contienen en el informe de la “Comisión de expertos” constituida por el Ministerio cuyas propuestas de reforma parten de un diagnóstico erróneo y poco fundamentado de la realidad de las universidades públicas, para plasmar unas ideas marcadas por una profunda ideología autoritaria, neoliberal y mercantilista, que colocará a nuestras universidades, nuestra investigación y nuestro estudiantado en la senda del subdesarrollo educativo y científico. Las propuestas son una vuelta de tuerca más sobre el ahogamiento financiero al que se está sometiendo a las universidades públicas desde el Gobierno, así como a acoso económico que se mantiene sobre l@s estudiantes, con la subida de las tasas y la reducción del número y de la cuantía de las becas.
Desde la publicación de este informe, diversos colectivos de estudiantes, profesores y personal de las universidades públicas han venido trabajando en un “Contra-Informe”, denominado “Manifiesto de la Comunidad Universitaria” (http://www.izquierda-unida.es/manifiesto_universidad_publica) en el que evidencian que la puesta en marcha de estas reforma provocaría una grave involución social que incapacitarían a las Universidades públicas como actores fundamentales de la transformación social y como elementos necesarios para conseguir, desde lo público, una salida socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que padecemos.
Pero más allá de la crítica a las propuestas Wertianas, es el momento de pasar de la protesta a la propuesta. Por ello, el Manifiesto de la Comunidad Universitaria propone las líneas fundamentales de un nuevo modelo de universidad, que es necesario debatir en cada uno de los centros, de las asambleas de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios y en reuniones abiertas al conjunto de la sociedad. Porque el rechazo a la propuesta de Wert no implica el conformismo con el modelo actual y porque somos conscientes de que la defensa de la universidad pública exige que nos esforcemos entre todas para plantear qué modelo de universidad queremos para recuperarla como vía de consecución de la justicia social.
Proponemos un modelo de universidad pública basado en una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto; un sistema universitario de sólidas bases democráticas que garanticen la autonomía y la independencia de las universidades públicas y las relaciones de cooperación y colaboración entre ellas; una universidad orientada al servicio de la sociedad, a la formación de científic@s y profesionales capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa; un modelo educativo centrado en el estudiantado y gratuito, combinado con becas salario para que la situación económica nunca sea un impedimento para el libre desarrollo del derecho a la educación superior; aspiramos a conseguir una estructura de servicio público basado en las relaciones de trabajo estable y de calidad de la totalidad de las y los trabajadores de las universidades públicas sin distinción entre PAS y PDI; queremos unas universidades con un gobierno propio, basado en una estructura realmente democrática y participativa, que permita el permanente contacto con el conjunto de la sociedad, desde los movimientos sociales hasta el tejido empresarial, para que la función social de la institución sea una realidad.
Con estas propuestas como base, estudiantes, profesorado, investigador@s y personal de las Universidades Públicas debemos advertir al Ministro Wert de que no acatarán su reforma de la educación superior porque estamos comprometidas con la defensa de un modelo de Universidad Pública, Laica, Democrática, de todas y para todas. Es precisamente este compromiso lo que nos lleva a lanzar una llamada al conjunto de la sociedad, a toda la ciudadanía, para seguir construyendo resistencias y solidaridades que nos permitan convertir la defensa de la universidad pública en la defensa de los derechos sociales de toda la ciudadanía. Solo así, y como hicimos con la LOMCE, podremos volver a llenar las calles de verde para demostrar nuestro compromiso con lo público y nuestra voluntad de mantener la educación y la ciencia en manos de todas y al servicio de todas.
Enrique Díez, Adoración Guamán, Carlos Martínez, Jheysson Salas y Julia Sánchez. Respectivamente profesores titulares de las Universidades de León y Valencia, estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y personal de administración y servicios de la Universidad Politécnica de Valencia. Todas ellas colaboran con el área de Educación de Izquierda Unida.
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