lunes, 2 de mayo de 2016

POR QUÉ ES NECESARIO VERIFICAR LAS FIRMAS PARA INICIAR LOS PASOS PARA SOLICITAR EL REFERENDO CONTRA EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ?. WHY YOU SHOULD VERIFY SIGNATURES TO START THE STEPS TO APPLY referendum on President Nicolas Maduro?

Hay que hacer un poco de historia antes de emitir alguna opinión sobre el comportamiento de la oposición Venezolana en los asuntos políticos, por ejemplo durante el período de gobierno del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frias

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Texto extraido del libro "El código Chávez" escrito por la periodista Eva Golinger.

EL REFERENDO 

Para el año fiscal 2003, la OTI solicitó 5.074.000 dólares para sus operaciones en Venezuela. La NED entregó más de un millón de dolares a sus contrapartes, quienes eran mayoritariamente las mismas organizaciones que habían encabezado la huelga ilegal de sesenta y cuatro días que devastó la economía venezolana. La DAI también continuó ofreciendo donaciones a los proyectos que formaban parte de su programa VICC. 

Una vez fracasada la huelga, quedó claro que la oposición necesitaba consolidarse y centrarse en una solución "real", un proceso electoral que pareciera legítimo ante el mundo. La Constitución abría las puertas a la posibilidad de celebrar un referendo revocatorio y, en mayo de 2003, tras mas de nueve meses de mediación de la OEA, la oposición convino en buscar una solución "pacífica y constitucional" a la crisis. Como las elecciones anticipadas eran inconstitucionales, el referendo se convertirían en la única vía que permitiría remover prematuramente al presidente Hugo Chavez de su cargo...

Súmate encabezó inmediatamente una campaña para obligar al gobierno a aceptar las firmas que habían sido recogidas en febrero de 2003. Los medios de comunicación privados y la prensa internacional, alentados por el gobierno de los Estados Unidos, apoyaron ese reclamo. Pese a que no se había cumplido con los requisitos estipulados en el Artículo 72, voceros de dicho gobierno repetían continuamente sus afirmaciones
de que el gobierno de Chávez impedía la celebración de un referendo constitucional. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), un organismo gubernamental autónomo, declaró que no aceptaría las firmas recogidas por tratarse de una clara violación de los requisitos para un referendo.

El CNE formuló entonces un conjunto de normas y directrices que regularía el proceso del referendo. Se fijó una fecha a finales de noviembre para la campaña de la petición que se desarrollaría en apoyo al referendo revocatorio. Si se obtenía el 20 % requerido de las firmas de los electores registrados, aproximadamente 2,4 millones, entonces se celebraría el proceso para revocar el mandato del presidente Chávez. a Súmate inició sin dilación una campaña mediática y propagandística en a poyo a la petición, conocida como el "Reafirmazo". Con los fondos de la NED y de la USAID, acometió la producción en serie de materiales "antichavistas" y en favor del referendo, que se distribuyeron por toda la nación.

También, la organización produjo unas pequeñas tarjetas azules que confirmaban que el elector había firmado la petición para un referendo revocatorio. Las tarjetas se distribuyeron en las mesas de la campaña y se indicó a los electores que las entregaran a los empleadores o, de lo contrario, quedarían cesantes. Se trataba de un chantaje pagado involuntariamente por los ciudadanos estadounidenses.

En el otoño de 2003, la OTI solicitó, y se le autorizó, una suma adicional de 6 345 000 dólares para utilizarlos en Venezuela durante 2004.

La USAID también entregó 1 750 000 dólares al Centro Carter, dirigido por el ex presidente estadounidense James Carter, para actuar en calidad de observador y mediar en el proceso del referendo.

En esos meses, la USAID otorgó al Instituto Republicano Internacional y al Instituto Demócrata Nacional más de dos millones de dólares para "garantizar procesos electorales confiables" y "fortalecer a los partidos políticos" en Venezuela durante 2003-2004.

En una de las donaciones al NDI, que ascendía a un total de 769 mil dólares, la USAID exigió que se distribuyeran 300 mil dólares a los destinatarios locales. Súmate era el grupo principal referido en la donación. El proyecto de donaciones exigía que las organizaciones participaran en la observación del proceso electoral, la vigilancia del registro de electores y la capacitación de los encuestadores, actividades que cuando se realizan a instancias de un gobierno extranjero y bajo su supervisión son signos seguros de intervención. Además, resulta difícil creer en la justeza y el equilibrio de un programa de donaciones destinado a vigilar el proceso preelectoral, el día de la elección y el período postelectoral, incluido un rápido
escrutinio para llevar a cabo un referendo revocatorio del mandato del presidente Chávez. Como si fuera poco, se utilizaba como premisa la noción de que Chávez era "populista", "autoritario" y "controvertido".

Con el dinero de la USAID, el NDI ayudó a Súma_te a crear su organización y su estructura basada en voluntarios. La donación de 769 mil dólares permitió al NDI diseñar manuales de observadores en el contexto venezolano, trabajar con grupos a fin de establecer una "estructura piramidal de capacitación para formar a los capacitadores" y "ayudar a los grupos a crear alianzas con otras instituciones y sectores con miras a fortalecer su base de voluntarios". El NDI ayudó a Súmate a elaborar materiales de capacitación, formularios para observadores, software, información sobre la educación pública y otras herramientas en español. Básicamente, todo lo que Súmate necesitó para dirigir la campaña del referendo revocatorio fue pagado por los Estados Unidos de América.

Mientras el NDI se centraba en el proyecto Súmate y en la campaña del referendo revocatorio, el IRI hacía uso de la donación de la USAID de 450 mil dólares para capacitar a los partidos políticos de la oposición para las elecciones anticipadas que tendrían lugar una vez que Chávez perdiera el referendo.

El IRI trabajó con partidos como Primero Justicia, Proyecto Venezuela, AD, COPEI, MAS, Alianza Bravo Pueblo y otros, y los capacitó en materia de organización y estructura de las campañas, elaboración de mensajes, campañas populares, integración y reclutamiento, recaudación de fondos y otros aspectos relacionados con las campañas profesionales.

El gobierno de los Estados Unidos daba por hecho la destitución de Chávez, a juzgar por los fondos considerables que invirtió en los preparativos y en la capacitación para un gobierno post Chávez. Como afirmó antes del referendo Roger No riega, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental:
Hemos invertido muchísimo dinero en este proceso ... 

LA CONEXIÓN TERRORISTA DE VENEZUELA

Exactamente alrededor de la fecha del "Reafirmazo", en otoño de 2003, los Estados Unidos lanzaron otro ataque contra el gobiernQ de Hugo Chávez, esta vez con la afirmación de que Venezuela tenía campamentos de entrenamiento de "terroristas" y que colaboraba con las FARC y el ELN de Colombia, ambos grupos incluidos en la lista estadounidense de organizaciones terroristas internacionales. En un artículo de Linda Robinson, publicado en octubre en U. S. News and World Report, titulado "Terror Close to Home", se afirmó que los terroristas de Al Qaeda, las FARC y el ELN tenían campamentos de entrenamiento diseminados por toda Venezuela. El artículo incluía un mapa del país sudamericano con marcas que identificaban a los supuestos campamentos de entrenamiento.

La nación de Venezuela, rica en petróleo aunque políticamente inestable, surge como un posible eje del terrorismo en el Hemisferio Occidental al prestar asistencia a radicales islámicos del Oriente Medio y otros terroristas, según altos oficiales del Ejército y la Inteligencia de los Estados Unidos ... Los grupos terroristas del Oriente Medio operan células de apoyo en Venezuela y otros lugares de la región andina ... Venezuela apoya a los grupos armados de la oposición en la vecina Colombia; esos grupos se encuentran en la lista oficial de organizaciones terroristas de los Estados Unidos y están vinculados también al narcotráfico ... 

Las afirmaciones se basaban en los comentarios de un "funcionario anónimo estadounidense" y una investigación "exhaustiva" realizada por la revista, que nunca dio a conocer sus fuentes "fiables".

Opiniones más dignas de atención pasaron inadvertidas, como las del brigadier general Benjamin R. Mixon, director de Operaciones del Comando Sur estadounidense radicado en Miami, quien confirmó luego al diario Miami Herald: el Comando Sur no tiene información del apoyo de Venezuela a los terroristas. 

En un artículo de la United Press International (UPI) también se afirma la existencia de una conexión entre el gobierno venezolano y redes terroristas islámicas. El artículo llegó incluso a afirmar que Chávez daba refugio a terroristas suicidas implicados en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos:

Los investigadores nombran a dos sospechosos del Al Qaeda radicados en Colombia: Hakim Mamad Al Diab Fatah, quien fue deportado de los Estados Unidos por sospechas de haber participado en los ataques del11 de septiembre de 2001 y Rahaman Hazil Mohammed Alan, quien se encuentra encarcelado en el Reinó Unido por el contrabando de dispositivos explosivos en un vuelo de la British Airways. Funcionarios estadounidenses y británicos se quejan de que sus investigaciones se han visto obstaculizadas porque el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías desmanteló las unidades de Inteligencia entrenadas por los Estados Unidos que seguían la pista a las conexiones terroristas en la comunidad de árabes en Venezuela cuya cifra asciende a medio millón ... En su lugar, Chávez introdujo asesores cubanos y libios para que dirigieran sus servicios de Seguridad, según funcionarios estadounidenses, británicos y otros funcionarios europeos en Caracas. 

En el artículo de la UPI no se menciona las fuentes oficiales por nombres, ni se presenta ninguna prueba sustantiva de tales afirmaciones. Además, después de esta serie de artículos que presentan afirmaciones injuriosas sobre supuestas conexiones de Venezuela con Al Qaeda y otros grupos terroristas, no se ha mencionado más el asunto. Esas aseveraciones eran sólo tácticas para infundir miedo, como parte de una estrategia para aislar al gobierno de Hugo Chávez en la comunidad internacional y justificar una intervención.
Y una vez más, la estrategia fallaba.

"LA GUARIMBA"

Pese a esas presiones internacionales, el proceso de recogida de firmas marchó bien. Más tarde, el CNE declaró sólo 1 900 mil firmas válidas, mientras que cerca de otro millón fue desestimado y cuestionado por fraude. Más de 800 mil espacios de firmas fueron llenados con la misma letra, en violación a las regulaciones del CNE. La oposición reaccionó con violencia ante la noticia.

En febrero de 2004, facciones extremistas recién formadas de la Coordinadora Democrática lanzaron un plan denominado "La Guarimba", creado al parecer por el cubano-venezolano Roberto Alonso. "La Guarimba" hacía un llamamiento a los grupos de derecha para que se sumaran a la amplia desobediencia civil y la violencia en las calles de Caracas y otras áreas metropolitanas a fin de provocar acciones represivas por
las fuerzas del Estado y justificar entonces los reclamos por violación de los derechos humanos y la falta de orden institucional.

"La Guarimba" duró del 27 de febrero all de marzo de 2004 y, durante ese período, varios ciudadanos venezolanos resultaron lesionados y arrestados por violación de la ley. Los provocadores de "La Guarimba" quemaron desperdicios en las calles, bloquearon las vías y lanzaron cócteles Molotov y otras bombas caseras contra las fuerzas de Seguridad. Los medios de información, controlados por la oposición, se encargaron de difundir rápidamente por el mundo una versión elaborada de los acontecimientos que señalaba al gobierno como el "represor" y presentaba a los arrestados por haber violado la ley durante ese período como a "víctimas delatortura y el arresto ilegal". "La Guarimba" tenía un parecido marcado con la estrategia de "chilenización", aplicada en ese país austral y en Nicaragua. En ambos, se utilizaron tácticas similares, con resultados idénticos.

Como consecuencia de la violencia y la inestabilidad causada nuevamente por la oposición, el gobierno venezolano aceptó que fueran "comprobadas" las firmas que parecían fraudulentas en un plazo de cuatro días, proceso que estaría bajo el control del CNE. Se le daba así a la oposición otra oportunidad para obtener legítimamente las 2 400 000 firmas necesarias para llevar a cabo el referendo revocatorio. El plazo para la comprobación de firmas, "reparo", como se le conocía, fue a finales de mayo de 2004. El Centro Carter y la OEA actuaron en calidad de observadores pagados por la USAID.

Con cerca de 100 mil nuevas firmas, la oposición obtuvo la cifra necesaria y la fecha del referendo se fijó para el15 de agosto de 2004.


          Ahora bien, en este año 2016 se presenta una situación parecida a las del año 2004, que traerá la derecha para tratar de tomar el poder y que hará el Gobierno de Nicolás Maduro para sostenerse frente a los ataques constitucionales y hasta los inconstitucionales, y cual será la participación del pueblo Chavista y la contraparte antichavista ?.

Como dicen en mi pueblo "Aquel que ha sido picado de culebra, cuando ve un bejuco salta".

INGLES

To do a little history before issuing an opinion on the behavior of the Venezuelan opposition in political affairs, such as during the period of government of the Supreme Commander Hugo Rafael Chavez Frias.

From the book "The Chavez Code" written by journalist Eva Golinger text.

THE rEFERENDUM

For fiscal 2003, the OTI requested 5.074 million dollars for its operations in Venezuela. NED handed over a million dollars to their counterparts, who were mostly the same organizations that had led the strike illegal sixty-four days devastated the Venezuelan economy. DAI also continued to provide grants to projects that were part of his VICC program.

Once the strike failed, it became clear that the opposition needed to consolidate and focus on a "real" solution, an electoral process that seems legitimate to the world. The Constitution opened the door to the possibility of holding a recall referendum and in May 2003, after more than nine months of mediation by the OAS, the opposition agreed to seek a "peaceful and constitutional" solution to the crisis. As early elections were unconstitutional, the referendum would become the only way that would prematurely remove President Hugo Chavez from office ...

Sumate immediately led a campaign to force the government to accept the signatures that had been collected in February 2003. The private media and the international press, encouraged by the government of the United States, supported that claim. Although he had not met the requirements stipulated in Article 72, that government spokesmen continually repeated their claims
that the Chavez government prevented the holding of a constitutional referendum. The National Electoral Council of Venezuela (CNE), an autonomous government agency said it would not accept the signatures collected because it is a clear violation of the requirements for a referendum.

The CNE then formulated a set of rules and guidelines that regulate the referendum process. a date was set in late November for the petition campaign would be developed in support of the recall referendum. If the 20% required signatures of registered voters, about 2.4 million were obtained, then the process would be held to revoke the mandate of President Chavez. Sumate promptly initiated a media and propaganda campaign to poyo to the request, known as the "Reafirmazo". With funds from the NED and USAID, he undertook the mass production of materials "anti-Chavez" and in favor of the referendum, which were distributed nationwide.

Also, the organization produced a small blue cards confirming that the voter had signed the petition for a recall referendum. The cards were distributed at the tables of the campaign and the voters who handed to employers or, otherwise, would be redundant indicated. It was blackmail involuntarily paid by US citizens.

In the fall of 2003, the OTI requested, and was authorized, an additional amount of 6,345,000 dollars for use in Venezuela during 2004.

USAID also provided 1.75 million dollars at the Carter Center, led by former US President James Carter, to act as an observer and mediate in the referendum process.

In those months, USAID awarded the International Republican Institute and National Democratic Institute more than two million dollars to "ensure reliable electoral processes" and "strengthen political parties" in Venezuela during 2003-2004.

In one of the donations to the NDI, amounting to a total of $ 769,000, USAID demanded that distributed $ 300,000 to local recipients. Sumate was the main group referred to in the donation. The grant project required the organizations involved in election observation, monitoring voter registration and training of enumerators, activities when performed at the behest of a foreign government and under its supervision are safe intervention signs. Moreover, it is difficult to believe in the fairness and balance of a grant program designed to monitor the pre-election process, the election day and post-election period, including a rapid
scrutiny to carry out a recall referendum of President Chavez. As if that were not enough, it was used as a premise the notion that Chavez was "populist", "authoritarian" and "controversial."

With the money from USAID, NDI helped create Súma_te their organization and volunteer-based structure. The grant of $ 769,000 allowed the NDI design manuals observers in the Venezuelan context, working with groups to establish a "pyramid structure training to train the trainers" and "helping groups to create alliances with other institutions and sectors to strengthen its volunteer base ". Sumate NDI helped to develop training materials, forms observers, software, information on public education and other tools in Spanish. Basically, everything that Sumate needed to conduct the recall referendum campaign was paid by the United States of America.

While NDI focused on the Sumate project and the recall referendum campaign, IRI made use of the USAID grant of $ 450,000 to train political opposition parties for early elections that would take place once Chavez lost the referendum.

IRI worked with parties like the First Justice, Venezuela Project, AD, COPEI, MAS, Alianza Bravo Pueblo and others, and trained in the organization and structure of campaigns, message development, grassroots campaigns, integration and recruitment, fund funds and other aspects of professional campaigns.

The government of the United States took for granted his ouster, judging by the considerable funds invested in the preparations and training for a post-Chavez government. As stated before the referendum Roger Waters No, assistant secretary of state for western hemisphere affairs:
We have invested a lot of money in this process ...

TERRORIST CONNECTION VENEZUELA

Just around the time of "Reafirmazo" in autumn 2003, the United States launched another attack against gobiernQ of Hugo Chavez, this time with the claim that Venezuela had training camps "terrorists" and collaborating with the FARC and ELN of Colombia, both groups included in the US list of international terrorist organizations. In an article by Linda Robinson, published in October in U. S. News and World Report, entitled "Terror Close to Home", it was stated that the terrorists of Al Qaeda, the FARC and the ELN had training camps scattered throughout Venezuela. The article included a map of the South American country with markings that identified the alleged training camps.

The nation of Venezuela's oil-rich but politically unstable, emerging as a potential hub of terrorism in the Western Hemisphere by assisting Islamic radicals from the Middle East and other terrorists, according to senior army officers and intelligence of the United States .. . the Middle East terrorist groups operating support cells in Venezuela and elsewhere in the Andean region ... Venezuela is supporting armed opposition groups in neighboring Colombia; these groups are on the official list of terrorist organizations in the United States and are also linked to drug trafficking ...

The claims were based on the comments of an "anonymous US official" and an "exhaustive" investigation by the magazine, which never released its "reliable" sources.

Reviews more worthy attention went unnoticed, as Brigadier General Benjamin R. Mixon, director of Operations of the US Southern Command based in Miami, who later confirmed the Miami Herald: Southern Command has no information on the support of Venezuela to terrorists .

In an article by United Press International (UPI) the existence of a connection between the Venezuelan government and Islamic terrorist networks is also stated. The article even claimed that Chavez was harboring suicide bombers involved in the attacks of September 11, 2001 in the United States:

The researchers named two suspects of Al Qaeda based in Colombia: Hakim Mohammad Al Diab Fatah, who was deported from the United States on suspicion of involvement in the del11 attacks of September 2001 and Rahaman Hazil Mohammed Alan, who is imprisoned in the UK by smuggling explosive devices on a British Airways flight. US and British officials complain that their investigations have been hampered because the government of President Hugo Chavez dismantled the intelligence units trained by the United States following the track terrorist connections in the community of Arabs in Venezuela whose figure is half a million ... instead, Chavez and Libyan introduced Cuban advisers to direct their security services, according to US officials, British and other European officials in Caracas.

Article UPI official sources is not mentioned by name, nor any substantive evidence of such claims is presented. In addition, after this series of articles featuring slanderous statements about Venezuela alleged connections with Al Qaeda and other terrorist groups, it has not mentioned the matter. Those assertions were just scare tactics, as part of a strategy to isolate the government of Hugo Chavez in the international community and justify intervention.
And once again, the strategy failed.

"Guarimba"

Despite these international pressures, the signature collection process went well. Later, the CNE declared just 1 900 000 valid signatures, while near million was dismissed and questioned for fraud. More than 800 thousand signatures spaces were filled with the same letter, in violation of the regulations of the CNE. The opposition reacted violently to the news.

In February 2004, newly formed extremist factions of the Democratic Coordinator launched a plan called "The Guarimba", apparently created by the Cuban-Venezuelan Robert Alonso. "The Guarimba" appealed to right-wing groups for the broad civil disobedience and violence would join in the streets of Caracas and other metropolitan areas in order to provoke repressive actions
State forces and then justify claims for violation of human rights and lack of institutional order.

"The Guarimba" lasted from February 27 all March 2004 and during that period, several Venezuelan citizens were injured and arrested for violation of the law. Provocateurs "The Guarimba" burned trash in the streets, blocked roads and threw Molotov cocktails and other homemade bombs against security forces. The media, controlled by the opposition, were responsible for rapidly spread throughout the world an elaborate version of events that marked the government as the "repressive" and presented those arrested for violating the law during that period as "victims delatortura and illegal arrest. " "The Guarimba" had a marked resemblance to the strategy of "chilenización" applied in that country and in southern Nicaragua. In both, similar tactics were used, with identical results.

As a result of the violence and instability caused by the opposition again, the Venezuelan government agreed to be "proven" that appeared fraudulent signatures within four days, a process that would be under the control of the CNE. And it was given the opposition another opportunity to obtain legitimately the 2.4 million signatures needed to carry out the recall referendum. The deadline for signature verification, "repair" as he was known, was in late May 2004. The Carter Center and the OAS acted as observers paid by USAID.

With about 100,000 new firms, the opposition obtained the necessary number and the date of the referendum was set for August 2004 EL15.


          However, in this year 2016 a similar situation to 2004, which will bring the right to try to take power and make the government of Nicolas Maduro to stand against constitutional attack and even unconstitutional is presented, and what It will be the participation of the people Chavista and anti-Chavista counterpart?.

As they say in my village, "He who he has been bitten by a snake, when he sees a liana jumps".

jueves, 28 de abril de 2016

EL REFERENDO REVOCATORIO Y LA METODOLOGÍA PARA REALIZARLO. THE RECALL REFERENDUM AND THE METHODOLOGY TO BE PERFORMED.

Requerimientos para alcanzar el Referendo Revocatorio.

1.- Según el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza así:

        Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario y funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

         Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al Funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre y cuando haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.


NORMAS PARA REGULAR LOS REFERENDOS REVOCATORIOS  

ARTÍCULO 22.- Se considerará falta absoluta de un miembro, su fallecimiento, la enfermedad o accidente que lo incapacite permanentemente para desempeñar el cargo; la inhabilitación política de conformidad con la ley; estar incurso en alguno de los supuestos de excepción o impedimentos previstos en la ley y en las presentes normas; cuando el o la miembro seleccionado o seleccionada se haya excusado y su recurso haya sido declarado con lugar y cuando haya sido removido de su cargo.

ARTÍCULO 56.- El lapso de la campaña para el referendo revocatorio del funcionario o funcionaria cuyo mandato se pretende revocar será de veinte (20) días continuos. La campaña cesará cuarenta y ocho (48) horas antes a la fecha de la realización del referendo revocatorio correspondiente.

ARTÍCULO 107.- Los electores ejercerán su derecho al voto en forma individual y a fin de garantizar ese derecho, los Miembros de la Mesa de Referendo no permitirán que el elector esté acompañado de otra persona durante el trayecto comprendido entre el sitio donde se encuentran los Miembros de la Mesa, hasta el lugar dispuesto para votar. Quedan exceptuados de la presente disposición, los analfabetas, los invidentes o discapacitados y personas de edad avanzada que soliciten a la Mesa que una persona de su confianza les acompañe, en el ejercicio de su derecho. 

ARTÍCULO 127.- La Mesa de Referendo se constituye para celebrar el acto de votación a las 5:30 a.m., del día de la votación en el correspondiente Centro de Votación, y funciona ininterrumpidamente hasta las 04:00 p.m., salvo que haya electores en la cola. 

ARTÍCULO 133.- El procedimiento de captación de huellas dactilares se efectuará previamente al ejercicio del derecho al voto, por lo que todos los electores o electoras deben pasar por la máquina de captación de huellas antes de dirigirse a la mesa de referendo. En tal sentido, los miembros de la mesa de referendo velarán por el cumplimiento de las presentes normas. 

ARTÍCULO 141.- En la Mesa de Referendo con sistema automatizado, el voto es electrónico y se emitirá al presionar el recuadro que indica “VOTAR” en la pantalla de la máquina. 

ARTÍCULO 149.- El acto de escrutinio es público, se efectuará una vez que finalice el acto de votación, y su inicio será anunciado en voz alta por el Presidente o Presidenta de la Mesa de Referendo. Los miembros de la Mesa de Referendo permitirán la presencia de los testigos de las opciones y electores y electoras, sin más limitaciones que las derivadas de la capacidad física del local y de la seguridad del acto. 

ARTÍCULO 151.- Finalizado el acto de votación en las Mesas de Referendos con sistema automatizado, los miembros de la Mesa, solicitarán al operador u operadora de la máquina de votación que se imprima un original del Acta de Escrutinio y luego se transmita. Acto seguido, se imprimirán cinco (5) copias de la misma. 

ARTÍCULO 198.- El Consejo Nacional Electoral determinará el resultado del proceso del Referendo una vez que verifique el cumplimiento de los extremos previstos en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

ARTÍCULO 200.- Se considerará revocado el mandato si se cumplen las siguientes condiciones concurrentes: 1. Si el número de electores participantes en la jornada electoral representa, por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) del total del cuerpo electoral; 2. Si el número de votos a favor de la revocatoria es igual o superior al número de votos de los electores que eligieron al funcionario revocable (El Presidente Nicolás Maduro fue electo con 7.587.579 votos); 3. Si el número de votos a favor de la revocatoria resulta superior al número de electores que votaron en contra de la revocatoria.


¿Cómo se desarrollará la elección del referendo?


La elección del referendo se regirá por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y por la Resolución No. 070327-341 del CNE, publicada en la Gaceta Electoral Nº 369 de 13 de abril de 2007.
En realidad, el procedimiento de la elección del referendo no difiere mucho de cualquier procedimiento electoral.
Lo peculiar es que el artículo 200 de esa Resolución fija tres requisitos necesarios para que pueda revocarse el mandato presidencial:
1.- El número de electores participantes en la jornada electoral debe ser de, por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) del total del cuerpo electoral.
2.- El número de votos a favor de la revocatoria debe ser igual o superior al número de votos de los electores que eligieron al funcionario revocable, en este caso (Presidente Nicolás Maduro), 7.587.579 votos.
3.- El número de votos a favor de la revocatoria resulta superior al número de electores que votaron en contra de la revocatoria.
Si la revocatoria del mandato se realiza antes del 10 de enero de 2017, deberá procederse a nueva elección presidencial (artículo 233 constitucional). Luego de esa fecha, terminará el período quien ocupe el cargo de Vicepresidente Ejecutivo ( En este caso el, afrodescendiente, Vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturiz).

Inglés

Requirements to achieve the recall referendum.

1. According to Article 72 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela states:

        All magistrates and other offices by popular vote are revocable. After half of the period for which he was elected official and officer, no fewer than twenty percent of the voters or registered voters in the constituency may request the convening of a referendum to revoke his mandate.

         When equal or greater number of voters or voters who elected the official * vote in favor of revocation, provided you have attended the referendum a number of electors or voters not less than twenty five percent of the voters or registered voters or registered, it shall be deemed revoked his mandate and will proceed immediately to fill the permanent vacancy as provided in this Constitution and the law.


Rules governing recall referenda

ARTICLE 22.- absolute lack of a limb, death, illness or accident that permanently unfit for the office shall be considered; political disqualification in accordance with the law; fall within any of the exceptions or constraints provided by law and these regulations; or when selected or selected member has excused and its application has been declared place and when it has been removed from office.

ARTICLE 56.- The length of the campaign for the recall referendum functionary whose mandate is intended to revoke shall be twenty (20) calendar days. The campaign will cease forty-eight (48) hours prior to the date of completion of the corresponding recall referendum.

ARTICLE 107.- The voters exercise their right to vote individually and in order to guarantee this right, members of the Bureau of Referendum will not allow the voter to be accompanied by another person during the journey between the place where the Members of the Bureau, to the place ready to vote. Exempted from this provision, the illiterate, blind or disabled and elderly who request the Bureau a trusted person accompany them, in the exercise of their right.

ARTICLE 127. The table constitutes referendum to celebrate the act of voting at 5:30 am, the day of the vote in the appropriate polling place, and runs continuously until 04:00 pm, unless there are voters tail.

ARTICLE 133.- The procedure of capturing fingerprints previously made the exercise of the right to vote, so all of the voters must go through the fingerprint collection machine before heading to table referendum. In this regard, members of the table referendum ensure compliance with these rules.

ARTICLE 141. In the table with automated system referendum, the vote is electronic and will be issued by pressing the box that says "vote" on the screen of the machine.

ARTICLE 149.- The act of voting is public, will be made after the end of the act of voting, and the start will be announced aloud by the President of the Bureau of referendum. Members of the Bureau of Referendum ensure the presence of witnesses options and electors, no limitations other than those arising from the physical capacity of local and security of the act.

ARTICLE 151. After the act of voting in referenda tables with automated system, members of the Bureau, ask the operator or operator of the voting machine to print an original Canvassing Act and then transmitted. Then, five are printed (5) copies of the same.

ARTICLE 198. The National Electoral Council will determine the outcome of the referendum process once to verify compliance with the criteria provided in Article 72 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.

ARTICLE 200.- mandate shall be deemed revoked if the following concurrent conditions are met: 1. If the number of participating voters on election day represents, at least twenty-five percent (25%) of the total electorate; 2. If the number of votes in favor of revocation is equal to or greater than the number of votes of the voters who elected revocable official (President Nicolas Maduro was elected with 7,587,579 votes); 3. If the number of votes in favor of revocation is greater than the number of voters who voted against the recall.

How the election a referendum be held?

The choice of the referendum shall be governed by the Organic Law of Electoral Processes, and Resolution No. 070327-341 of the CNE, published in the Gaceta Electoral No. 369 of April 13, 2007.

In fact, the procedure of the election of the referendum does not differ much from any electoral process.

What is peculiar is that Article 200 of that resolution establishes three requirements to be revoked presidential term:

─ The number of participating voters on election day must be of at least twenty-five percent (25%) of the total electorate.

─ The number of votes in favor of revocation must be equal to or greater than the number of votes of the voters who elected revocable official, in this case, 7,587,579 votes.

─ The number of votes in favor of revocation is greater than the number of voters who voted against the recall.

If the revocation of the mandate is carried out before January 10, 2017, proceed to new presidential election (Article 233 of the Constitution). After that date, the period end who occupies the position of Executive Vice President.

lunes, 25 de abril de 2016

Sentencia del TSJ: Enmienda constitucional sobre el periodo presidencial no sería de aplicación inmediata. Supreme Court ruling : Constitutional amendment on presidential term would not be of immediate application

Credito: Archivo












25-05-16.-La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conociendo demanda de interpretación, determinó que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata; en tanto, admitir tal supuesto constituiría un quebrantamiento al ejercicio de la soberanía previsto en el artículo 5 de la Carta Magna, ya que se estaría desconociendo la voluntad del pueblo.
Señaló la sentencia, ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, que el constituyente estableció en el artículo 24 lo que la doctrina llama la "irretroactividad absoluta", por ello la pretensión de enmendar la constitución con la finalidad de reducir el mandato del presidente de la República constituiría una retroactividad inconstitucional.
La Sala, en su motivación, aludió al tratamiento histórico que se le ha dado a la figura de la enmienda en cuanto a su entrada en vigencia en los períodos presidenciales en el Derecho comparado y precisó, entre otros ejemplos, que la enmienda XXII (que data del año 1951) de la Constitución estadounidense no se aplicó al período constitucional que estaba vigente para esa época.
El fallo indicó que, tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el del Presidente de la República, constituye un fraude a la Constitución, la cual prevé otros mecanismos de expresión de la voluntad popular.
En esos términos el Alto Juzgado resolvió la demanda de interpretación del artículo 340 del texto fundamental, y ordenó la publicación del fallo en Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
El 15 de marzo de 2016, el abogado JOHNNY LEONIDAS JIMÉNEZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad número V- 8.517.341, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 79.626, actuando en nombre propio, y asistiendo a la ciudadana  ELSY LEONARDA SILVA GRIMÁN, titular de la cédula de identidad N° V- 10.861.474, demandaron la interpretación del artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
El 17 de marzo de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
DEMANDA DE INTERPRETACIÓN
Los ciudadanos Johnny Leonidas Jiménez Mendoza y Elsy Leonarda Silva Grimán, demandaron la interpretación del artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base en las siguientes consideraciones:
Que (…) en ese mismo grupo político de la MUD (sic), ahora con una representación mayoritaria de Diputados y Diputadas en la Asamblea Nacional, vienen anunciando a través de todos los medio[s]comunicacionales e informativos, un[a] supuesta 'SALIDA' del Presidente Constitucional, a través del mecanismo de la ENMIENDA CONSTITUCIONAL, consagrado en el artículo 340 de (la) carta (sic) magna (sic), proponiendo un 'Recorte del Periodo Presidencial ', para de esa manera reformar el artículo 230 de la Constitución, que actualmente establece el periodo presidencial de seis (6) años, como una manera de 'revocar' el mandato del Presidente de la República (…)” (destacado del escrito).
En este orden de ideas, adujeron que “(…) un sector político agrupados (sic) en la Mesa de la Unidad, han (sic) señalado que utilizarán (sic) la Enmienda Constitucional consagrada en el artículo 340 de la C.R.B.V (sic), para revocar el mandato constitucional del presidente (sic), siendo que de ser aprobada una reforma de (la) Carta (sic) Constitucional (sic), con el único fin de 'salir' del Presidente Constitucional (sic) de la República, podríamos estar en presencia de un solapamiento de la institución popular y soberana del Referéndum Revocatorio, consagrado en el artículo 72 (…)”.
Que, a su entender, “(…) estas acciones con apariencia de legalidad podrían configurar un fraude constitucional que lesiona los derechos políticos de todos los electores y electoras, quienes en el ejercicio de la soberanía popular eligieron al Ciudadano (sic) Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que podríamos estar en presencia del rompimiento del hilo constitucional, violando parcialmente (la) carta (sic) magna (sic) (…)”.     
Expresaron que su legitimación para interponer la presente demanda radica “(…) en el interés legitimo (sic) de defender (sus) derechos  políticos y electorales como depositarios de (su) voluntad soberana, manifestada en la elección presidencial celebrada en fecha 13 de abril del año 2013, la cual (sienten) amenazada con la propuesta de enmienda constitucional, que a (su) entender configura un fraude constitucional. De igual forma, (acuden) en nombre del colectivo  de todo el pueblo electoral, que expresó su voluntad de elegir un nuevo Presidente para continuar el periodo constitucional 2013-2019. Así mismo, ocurr(en) en cumplimiento de (su) deber de defender (la) Constitución, tal como lo establece en su artículo 333 (…)”.     
Que  el artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que  “(…) la enmienda tiene por objeto la adicción (sic) o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental (…)” (destacado del escrito). 
Ahora bien, a entender de los accionantes, surgen las siguientes dudas e interrogantes:
“(…) ¿Es constitucional que a través de la enmienda se pueda revocar el mandato del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela? [.]
¿Al acortar el periodo Constitucional (sic) del Presidente de la República a través de la enmienda no se estaría menoscabando el ejercicio de la soberanía, consagrado en el artículo 5 de (la) carta (sic)Constitucional (sic)? [.]
¿Cual (sic) es [el] límite y alcance de la enmienda para reformar algunos artículos de la constitución (sic), que no toquen, afecten o menoscaben la estructura fundamental de (la) constitución (sic)? [.]      
¿De aprobarse el recorte presidencial a través de la enmienda, no estaríamos en presencia de un fraude constitucional? [.]
¿Al utilizar el mecanismo de la enmienda constitucional, como el único fin de revocar el mandato presidencial, no se estaría solapando el artículo 72 de la carta (sic) constitucional? [.]
¿Si efectivamente, se realizara una enmienda para revocar el mandato constitucional, no estaríamos en presencia de la violación parcial de (la) carta (sic) constitucional, mediante [un] acto de apariencia legal? [.](…)” (destacado del escrito).  
Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitaron que la presente demanda de interpretación fuese admitida, sustanciada y declarada con lugar en la sentencia definitiva.
II
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la interpretación constitucional solicitada y, al efecto, observa que en sentencia Nº 1.077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), esta Sala se declaró competente para conocer de las demandas de interpretación acerca del contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, con fundamento en su cualidad de garante máxima del respeto del Texto Fundamental, así como en los poderes que expresamente le han sido atribuidos para la interpretación vinculante de sus normas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
En el presente caso, ha sido planteada la interpretación sobre el sentido y alcance del artículo 340 del Texto Fundamental y, al respecto, se observa que a la Sala corresponde la competencia para el conocimiento de las demandas de interpretación sobre el alcance e inteligencia de normas constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, cardinal 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual señala:
“Artículo 25: Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
17. Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional”.
En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el criterio jurisprudencial expuesto (caso: Servio Tulio León), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 25, cardinal 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la demanda de interpretación ejercida. Así se decide.
III
DE LA ADMISIBILIDAD
Dilucidada su competencia, con el propósito de determinar la admisibilidad de la pretensión de autos, la Sala estima conveniente reafirmar la doctrina que sobre este aspecto ha venido planteando desde que reconociera la existencia y relevancia de una especial acción mero declarativa destinada a precisar “el núcleo de los preceptos, valores o principios constitucionales, en atención a dudas razonables respecto a su sentido y alcance, originadas en una presunta antinomia u oscuridad en los términos, cuya inteligencia sea pertinente aclarar a fin de satisfacer la necesidad de seguridad jurídica, siempre y cuando tal duda nazca de actos, hechos o circunstancias cuyo procesamiento o solución no le estén atribuidos a un órgano distinto” (véanse, entre otras, sentencias nos. 1077/2000, caso: “Servio Tulio León”; 1347/2000, caso: “Ricardo Combellas” y457/2001, caso: “Francisco Encinas Verde”).
En atención a su propia finalidad, como mecanismo judicial “esclarecedor y completivo y, en este estricto sentido, judicialmente creador; [y] en ningún caso legislativo”, se ha dejado sentado que constituyen causales de inadmisibilidad de la acción de interpretación constitucional las siguientes circunstancias:
(i) La falta de legitimación del accionante;
(ii) Cuando no exista una duda razonable en cuanto al contenido, alcance y aplicabilidad de las normas constitucionales, respecto del supuesto fáctico en que se encuentra el accionante;
(iii) Cuando la Sala haya resuelto la duda alegada en torno al mismo caso o uno similar, persistiendo en ella el ánimo de mantener su criterio;
(iv) Cuando se utilice esta vía como mecanismo para adelantar un pronunciamiento sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional o para sustituir algún medio ordinario a través del cual, el juez competente para conocerlo, pueda aclarar la duda planteada. Esto es, cuando mediante su ejercicio, se pretenda desbordar su finalidad aclarativa;
(v) Cuando se acumule a la pretensión interpretativa otra de naturaleza diferente o sometida a procedimientos que se excluyan mutuamente;
(vi) Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la solicitud es admisible; y
(vii) Cuando el escrito sea ininteligible o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
En lo que respecta a la legitimación requerida para intentar esta especialísima acción para procurar la exégesis de la Carta Fundamental, el peticionante debe ostentar un interés personal, directo y actual que derive de una situación jurídica concreta, como consecuencia inmediata de la incertidumbre que se origina con respecto al contenido y alcance de un precepto constitucional que afecta francamente la esfera de intereses del requirente.
De este modo, resulta necesario que dicho interés esté vinculado a una situación jurídica actual, no virtual o hipotética, a fin de evitar que la interpretación dada por la Sala se convierta en un mero ejercicio académico, sin la finalidad práctica de integrar o armonizar la Norma Fundamental. Así pues, no es posible que cualquier particular pueda ocupar a esta Sala en resolver las dudas que, en abstracto, tuviere acerca de la interpretación de una norma constitucional (cfr. stc. Nº 1383/2008, caso: Luis Hueck Henríquez).
En el caso de autos, los accionantes adujeron que su legitimidad viene dada por su interés legítimo de defender sus derechos políticos y electorales como depositarios de su voluntad soberana, manifestada en la elección presidencial celebrada en fecha 13 de abril del año 2013 en el cual resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual estiman amenazada con ocasión de la propuesta de enmienda constitucional, a la cual de forma reiterada han hecho alusión los integrantes de los distintos partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
A este respecto, observa la Sala Constitucional que resulta un hecho público notorio comunicacional (ver, por ejemplo, http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/MUD-activara-3-vias-para-cesar-Gobierno-de-Maduro-20160308-0124.html; http://www.el-carabobeno. com/noticias/articulo/120761/mud-activar-tres-mecanismos-para-cambiar-al-gobierno; http://www.el-nacional.com/politica/MUD-anunciara-mecanismos-constitucionales-Maduro_0_806919315.html; entre otros) que la organización política denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), junto con los diputados electos a la Asamblea Nacional postulados por dicha organización, han planteado que activarán los diversos mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para lograr que el mandato del  ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República, cese antes del vencimiento del periodo para el cual fue electo democráticamente (2013-2019). Entre las distintas alternativas planteadas se encuentra la figura de la Enmienda Constitucional prevista en el artículo 340 de la Carta Magna, cuyo objeto se contraería a reducir el lapso del periodo presidencial de seis (6) años a cuatro (4) años, lo que a juicio de los promoventes de dicho mecanismo constitucional -de ser aprobada a través de referéndum- sería aplicable de manera inmediata, conllevando la celebración de nuevas elecciones presidenciales en un tiempo relativamente breve. En efecto, en fecha 20 de abril de 2016, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Enmienda Constitucional N° 2 que establece, entre otros dispositivos, la reducción del período presidencial a cuatro (4) años y el llamado a elecciones “a más tardar, el segundo domingo de diciembre de 2016”.
Lo anterior refleja que la demanda planteada en esta causa se encuentra debidamente articulada con una situación fáctica real, dirigida entonces a obtener un dictamen aclaratorio respecto de una incertidumbre específica que, de cara a la posible enmienda constitucional aludida, resulta de especial interés para cualquier miembro del electorado, no sólo como actores fundamentales del proceso comicial, sino -en general- como titulares del derecho al sufragio activo y pasivo, cuyos alcances actuales serían tocados de manera incuestionable por el propio contenido de la enmienda constitucional que plantease el Parlamento (véase stc. n°2780/2003, caso: “Elba Paredes Yéspica”).
En atención a tan especial relevancia, la Sala reconoce a los accionantes la legitimación suficiente para intentar la presente demanda de interpretación constitucional.
Adicionalmente, se aprecia que la duda planteada por la parte actora se funda en argumentos razonables que reportan novedad en cuanto a su objeto, toda vez que si bien es cierto que este órgano jurisdiccional en sentencia N° 53 del 3 de febrero de 2009 (caso: Federico Andrés Black Benítez y otros) interpretó, entre otros, el artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dicha interpretación se limitó a analizar la figura de la enmienda constitucional frente a la reelección sucesiva de los cargos de elección popular y la posible afectación del principio fundamental de alternatividad previsto en el artículo 6 del texto constitucional. El caso de autos, por su parte, representa un planteamiento original y/o novedoso, en el cual la institución de la enmienda constitucional pretende ser empleada  como mecanismo para obtener la reducción del periodo presidencial y en caso de ser aprobada -previa celebración del referéndum respectivo-, proceder a su aplicación inmediata.
Por lo tanto, siendo ello así y visto que la finalidad de la pretensión no tiene carácter impugnativo; que no se ha acumulado otra pretensión incompatible o cuyos procedimientos se excluyan mutuamente; que no existe necesidad de estudio de un aporte documental para constatar la situación cuya aclaratoria se requiere, en cuanto ella deriva de la sola condición de electores de los accionantes y del hecho eventual de que se concrete la iniciativa por parte de la mayoría de los integrantes de las Asamblea Nacional de celebrar un referéndum para la aprobación de la enmienda constitucional propuesta; y, finalmente, que del escrito libelar se deducen claramente los términos de la pretensión y no contiene menciones ofensivas o irrespetuosas; la presente acción resulta admisible. Así de declara.
IV
DE LA URGENCIA DEL CASO
Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales contenidos en sentencias números 226/2001, 1.684/2008, 1.547/2011 y 02/2013, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. Así se decide.
V
DE LA INTERPRETACIÓN
La presente demanda de interpretación tiene por finalidad que esta Sala Constitucional, como máxima y última intérprete del Texto Fundamental, determine el alcance y el contenido del artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con relación a los planteamientos formulados en la presente demanda.
En tal sentido, este órgano jurisdiccional, en sentencia Nº 1309 del 19 de julio de 2001 (caso: Hermann Escarrá), manifestó su intención de explicar el sentido de la interpretación constitucional, en atención al postulado del artículo 335 de la Carta Magna, para lo cual interpretó la noción y alcance de su propia potestad interpretativa, señalando al respecto lo siguiente:
“…La interpretación constitucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución (ver-fassungskonfome Auslegung von Gesetze). Pero esta conformidad requiere el cumplimiento de varias condiciones, unas formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, etc.) [Ripert. Les Forces créatices du droit, París, LGDJ, 1955, pp. 307 y ss]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano. Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo.
 (...)
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé dos clases de interpretación constitucional. La primera está vinculada con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de todos los actos realizados en ejecución directa de la Constitución; y la segunda, con el control concentrado de dicha constitucionalidad. Como se sabe, el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces la obligación de asegurar la integridad de la Constitución; y el artículo 335 eiusdem prescribe la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por lo que declara a esta Sala Constitucional su máximo y último intérprete, para velar por su uniforme interpretación y aplicación, y para proferir sus interpretaciones sobre el contenido o alcance de dichos principios y normas, con carácter vinculante, respecto de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (jurisprudencia obligatoria). Como puede verse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no duplica en estos artículos la competencia interpretativa de la Constitución, sino que consagra dos clases de interpretación constitucional, a saber, la interpretación individualizada que se da en la sentencia como norma individualizada, y la interpretación general o abstracta prescrita por el artículos 335, que es una verdadera jurisdatio, en la medida que se declara erga omnes y pro futuro (ex nunc), el contenido y alcance de los principios y normas constitucionales cuya interpretación constitucional se insta a través de la acción extraordinaria correspondiente. Esta jurisdatio es distinta de la función que controla concentradamente la constitucionalidad de las leyes, pues tal función monofiláctica es, como lo ha dicho Kelsen, una verdadera legislación negativa que decreta la invalidez de las normas que colidan con la Constitución, aparte de la interpretación general o abstracta mencionada no versa sobre normas subconstitcionales sino sobre el sistema constitucional mismo. El recto sentido del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace posible la acción extraordinaria de interpretación, ya que, de otro modo, dicho artículo sería redundante en lo dispuesto por el artículo 334 eiusdem, que sólo puede dar lugar a normas individualizadas, como son, incluso, las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo. La diferencia entre ambos tipos de interpretación es patente y produce consecuencias jurídicas decisivas en el ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de esta Sala. Esas consecuencias se refieren al diverso efecto de la jurisdictio y la jurisdatio y ello porque la eficacia de la norma individualizada se limita al caso resuelto, mientras que la norma general producida por la interpretación abstracta vale erga omnes y constituye, como verdadera jurisdatio, una interpretación cuasiauténtica y paraconstituyente, que profiere el contenido constitucionalmente declarado por el texto fundamental…”.
Precisado lo anterior, esta Sala pasa a dilucidar, tal como le fue demandado por los accionantes, el contenido del artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente lo relacionado con la posibilidad de enmendar la Constitución para reducir el periodo presidencial previsto en el artículo 230 eiusdem de seis (6) años a cuatro (4) años. En opinión de los actores, una conclusión positiva implicaría un menoscabo del ejercicio de la soberanía establecido en el artículo 5 del texto fundamental y, al mismo tiempo, se estaría frente a un fraude constitucional ya que se estaría solapando la figura del referéndum revocatorio de funcionarios de elección popular previsto en el artículo 72 eiusdem. 
En síntesis, dos son las interrogantes fundamentales objeto de la demanda de autos: (i) ¿puede enmendarse la Constitución con el objeto de acortar el periodo constitucional del Presidente de la República, sin que ello suponga un menoscabo al ejercicio de la soberanía? y (ii) ¿al emplear el mecanismo de la enmienda constitucional, con el fin de revocar el mandato presidencial, no se estaría solapando el artículo 72 de la Carta Magna?
A los fines de dar respuestas a tales interrogantes, esta Sala estima pertinente analizar la figura de la enmienda constitucional, como uno de los mecanismos previstos por el Constituyente  de 1999 para modificar la Carta Magna y, en tal sentido, el artículo 340 eiusdem establece que “la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental”(subrayado nuestro).
Al respecto, la Exposición de Motivos de la Carta Magna, al aludir a la figura de la enmienda constitucional señala lo siguiente:
“(…) La Constitución ha mantenido la clasificación que distingue entre la Enmienda y la Reforma Constitucional, incorporando, a su vez, la facultad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para ser consecuentes con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder constituyente originario. Esto guarda concordancia con lo establecido en la misma Constitución que hace residir la soberanía en el pueblo quien puede ejercerla de manera directa o indirecta [.]
Se establece[n] una serie de mecanismos a través de los cuales las posibilidades de modificación del texto constitucional sean factibles y accesibles, para evitar el divorcio entre la norma fundamental del sistema jurídico y la realidad social, política, cultural y económica. La contraposición entre una Constitución formal y una Constitución real genera distorsiones que agravan considerablemente las crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema político, al no existir opciones para superarlas.
[...]
De allí que nuestra Constitución a pesar de tener la rigidez de las constituciones escritas ha de incluir elementos que permitan esa adaptación a la realidad. Uno de esos elementos lo constituye la existencia de un Alto Tribunal que mediante una interpretación de carácter histórico progresivo, fundamentada en la comprensión del momento histórico, permita la mejor aplicación posible del máximo cuerpo normativo a la realidad que le corresponde regir; tal como se prevé en esta Constitución con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Pero, además, debe incluir elementos de flexibilidad en el aspecto más rígido de las constituciones escritas que lo conforma las previsiones relativas a la forma y mecanismos para la modificación de la propia Constitución.
En este sentido, las posibilidades de modificación de la base jurídica del país deben ser amplias y estar efectivamente en manos de una pluralidad de actores políticos y sociales. Una democracia participativa y protagónica no puede construir una rígida y petrificada normativa constitucional. Al contrario, debe dejar abiertas muchas ventanas para que los procesos participativos se desarrollen a plenitud, evitando el divorcio profundo entre la norma y la realidad.
[...]
En este contexto se debe entender que el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, lejos de afectar el proceso de refundación de la República y de lograr el objetivo de la profundización democrática, se convierte en herramienta indispensable del protagonismo popular, desterrando el sistema de cónclaves que decidían los destinos del país a espaldas de la sociedad.
En lo que respecta al procedimiento de enmienda, se superan las limitaciones establecidas en la Constitución de 1961, que hacían complicada la consecución de resultados efectivos. En el nuevo texto constitucional se ha previsto una manera más ágil y flexible y se procede a formular una definición de enmienda, entendida como la adición o modificación de artículos del texto, siempre y cuando no se altere la estructura fundamental (…)”.
Al margen de las modalidades “dificultadas” para la modificación del texto fundamental (reforma y enmienda), por su condición de Constitución “rígida”, la Carta Magna de 1999 exige para el caso de la enmienda el cumplimiento de exigencias especiales no solo para la iniciativa y la ratificación “referendaria”, sino también para el procedimiento previsto para su sanción, el cual resulta similar al de la formación de leyes, tal como lo pauta el artículo 341.2 constitucional.
Las exigencias requeridas para activar la enmienda como mecanismo de modificación constitucional, resultan lógicas por varias razones, a saber:
a) Su discusión y sanción corresponde a la Asamblea Nacional, que es el cuerpo legislador (artículo 202 constitucional). Es decir, que debe seguirse lo previsto en los artículos 205 al 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
b) La Constitución es un texto normativo, aunque su condición de ley suprema y la necesidad de asegurar su supremacía en virtud de las consecuencias de la rigidez constitucional imponen una regulación especial en el Título correspondiente a la Protección de la Constitución (Título VIII). Ergo, cualquier texto que pretenda modificar el texto fundamental, también debe ser tratado como una ley, aunque su objeto expreso sea el que, de aprobarse, pase a integrar el ordenamiento constitucional.
c) Finalmente, la propuesta de enmienda no solo debe respetar la estructura de la Constitución, sino también los principios fundamentales del texto constitucional y del ordenamiento jurídico vigentes. Este límite o restricción impuesto al poder constituido por el Constituyente es válido para cualquier modificación parcial (enmienda o reforma), pues sólo la Asamblea Nacional Constituyente puede transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico-constitucional (artículo 347 eiusdem), siempre que no violente los principios contenidos en el artículo 350 del texto fundamental.
Precisado lo anterior, advierte esta Sala Constitucional que el Presidente de la Asamblea Nacional y algunos diputados de la mayoría política de este órgano del Estado, han declarado abiertamente a través de diversos medios de comunicación social (radio, prensa escrita, portales web, etc.) su intención de “enmendar” la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (intención que se ha concretado parcialmente con la aprobación en primera discusión del proyecto de Enmienda Constitucional N° 2), con el fin de recortar, con vigencia inmediata, el período constitucional del Presidente de la República.
En tal sentido, aprecia esta Sala que, en principio, la modificación del periodo constitucional para los órganos de los Poderes Públicos es perfectamente viable a través del mecanismo de la enmienda, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con el procedimiento previsto para su sanción, el cual como ya se indicó supra, resulta análogo al de la formación de leyes, pero sujeto a la aprobación popular.
Sin embargo, en cuanto a la vigencia en el tiempo de una enmienda, esta no puede tener efectos retroactivos o ser de aplicación inmediata; admitir tal supuesto constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía previsto en el artículo 5 de la Carta Magna, ya que estaría desconociendo la voluntad del pueblo, manifestada bien sea a través (i) de los resultados de un proceso comicial, en el cual se elige a una determinada persona para ocupar un cargo de elección popular (Presidente de la República, Gobernadores o Alcaldes) para un periodo determinado, según los términos constitucionales en vigor para el momento del evento comicial; o (ii) de la selección que hubiese realizado la Asamblea Nacional de los integrantes del resto de los Poderes Públicos (Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Rectores del Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Fiscal General de la República), para el período que la Constitución establezca, lapso este que en cualquiera de los dos supuestos permanece inalterable frente a cualquier modificación posterior que del mismo se haga, y que solo sería aplicable a futuros procesos electorales o de selección, según sea el caso.   
Así lo ha entendido históricamente el Constituyente en Venezuela y un ejemplo de ello se aprecia en las dos enmiendas acaecidas bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la primera de ellas sancionada el 9 de mayo de 1973 por el extinto Congreso Nacional, promulgada por el Presidente de la República Rafael Caldera y publicada en la Gaceta Oficial N° 1585 del 11 de mayo de 1973, efectuada con la finalidad de evitar que se postulasen a Presidente de la República, Senador o Diputado al Congreso o a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), quienes hubiesen incurrido en delitos durante el ejercicio en un cargo público (su objetivo principal fue inhabilitar al Ex-Presidente Marcos Pérez Jiménez para ser electo Presidente de la República o desempeñar cargos parlamentarios ante el Congreso); y la segunda, sancionada por el extinto Congreso Nacional en 1983, promulgada por el Presidente de la República  Luis Herrera Campins el 16 de marzo de 1983 y publicada en la Gaceta Oficial N° 3119 Extraordinaria del 26 de marzo de 1983, la cual contempló varios aspectos innovadores, entre los que destacaba la creación de la Comisión Legislativa y la reforma del sistema electoral para los Concejos Municipales y las Asambleas Legislativas. En ambos casos, las enmiendas in commento tuvieron efectos ex-nunc, en estricto apego a lo que disponía dicho texto fundamental en su artículo 44.
Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  de 1999 ha tenido hasta el momento una única enmienda a través de la cual se modificaron los artículos 160, 162, 174, 192 y 130 eiusdem, aprobando la posibilidad de reelección sin restricción para los cargos de elección popular, que también tenía efectos hacia el futuro, pues no se pretendía el alargamiento automático de los respectivos periodos, sino la posibilidad de optar para un nuevo mandato, previa manifestación de la voluntad popular, según el cauce constitucional integral.
Y es que la retroactividad es “un principio del derecho conforme al cual ninguna norma jurídica podrá extender sus efectos a situaciones acaecidas antes de su puesta en vigencia” (vid. Emilio CALVO BACA.Terminología jurídica venezolana. Caracas. Ediciones Libra, C.A. 2011; págs. 443-444).
El Constituyente de 1999 estableció en el artículo 24 lo que la doctrina llama la “irretroactividad absoluta”, es decir, que es aquella norma “que no regula ninguna de las relaciones establecidas durante la legislación anterior, ni en las modalidades y efectos posteriores a la innovación legal” (Guillermo CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires. Editorial Heliasta, S.R.L. 1998; pág. 500). La única excepción a esta irretroactividad es en materia penal. En efecto, la norma in commento establece que:
“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.
Del precepto antes transcrito se destaca el hecho de que el legislador, en consonancia con la doctrina moderna que trata el problema de la aplicación de la ley en el tiempo, distingue entre retroactividad y efecto inmediato de la ley. En este sentido, debe señalarse que  Roubier, quien ha sido reconocido como una autoridad en el tema, en su momento indicó que la ley tiene efectos retroactivos “(…) cuando se aplique a hechos consumados (facta praeterita) o a situaciones en curso (facta pendentia) (…)” (tesis desarrollada por Paul Roubier en su obra “Les conflits des lois dans le temps” (Théorie dite de la non-rétroactivité des lois) y explicada por Joaquín Sánchez-Covisa en “La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, Obra Jurídica. Caracas. Ediciones de la Contraloría General de la República. 1976; p. 234).
Es de advertir, en consecuencia, que a la luz de dicha disposición y de la doctrina mencionada, se estaría en presencia de una retroactividad inconstitucional, si pretendiera aplicarse la nueva norma a hechos consumados “facta praeterita” o, incluso, a situaciones en curso (como los mandatos de los órganos del Poder Público), conocidos como “facta pendentia”.
La pretensión de la aplicación inmediata de la enmienda propuesta a los mandatos en curso es imposible por no ser su contenido de carácter procedimental o adjetivo. Y también es evidente que no puede tener efectos retroactivos por no tratarse de materia penal. En fin, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no hace más que ratificar el artículo 3 del Código Civil, que pauta que: “La Ley no tiene efecto retroactivo”; y como dice la doctrina mayoritaria “el espíritu del Constituyente, ratificado por el Legislador, es el de que ninguna disposición jurídica, sea de la jerarquía que fuese, puede tener efectos retroactivos, salvo las excepciones formuladas por el propio Constituyente” (vid. Emilio CALVO BACA. Código Civil Venezolano. Ediciones Libra [S.A.]; págs. 3-4). Esto ha sido confirmado por nuestro máximo Tribunal en sentencia de la extinta Corte Suprema de Justicia del 5 de agosto de 1998, reiterada en fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de 26 de agosto de 1999 (Exp. 99-21293).
En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima pertinente aludir al tratamiento histórico que se le ha dado a la figura de la enmienda frente a su aplicación inmediata en los periodos presidenciales en el Derecho comparado, advirtiendo en tal sentido lo previsto en la Enmienda XXII de la Constitución estadounidense (1951), la cual estableció lo siguiente: “(…) Sección 1. Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de Presidente, y nadie que haya ocupado el cargo de Presidente, o que haya actuado como Presidente por más de dos años de un periodo para el cual fue elegida otra persona, podrá ser elegido más de una vez para el cargo de Presidente. Empero, este artículo no se aplicará a ninguna persona que ocupe el cargo de Presidente cuando dicho artículo fue propuesto por el Congreso, y no impediría que la persona que esté ocupando el cargo de Presidente, o que haga las veces de Presidente, durante el periodo en que este artículo entre en vigor, ocupe el cargo de Presidente o haga las veces de Presidente por el resto de dicho periodo. Sección 2. Este artículo no tendrá efecto alguno, a menos que haya sido ratificado como una enmienda a la Constitución por las asambleas Legislativas en tres cuartas partes de los distintos Estados en un plazo de siete años a partir de la fecha en que el Congreso lo somete a la consideración de los Estados (…)” (http:/www.usembassy.mexico.gov/bbf/le/0704_ConstitucionEUconNotas.pd) (subrayado de este fallo).   
Tomando en consideración las razones expuestas supra, esta Sala Constitucional concluye que tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el de Presidente de la República, constituye a todas luces un fraude a la Constitución, la cual prevé un mecanismo político efectivo para tales fines, tal como lo es el ejercicio del referendo revocatorio contemplado en el artículo 72 de la Carta Magna.
En el marco de los anteriores razonamientos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara resuelta la interpretación constitucional solicitada en el caso de autos. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley:
1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la demanda de interpretación constitucional del artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2.- ADMITE la demanda de interpretación constitucional incoada por el abogado Johnny Leonidas Jiménez Mendoza, actuando en nombre propio y de la ciudadana  Elsy Leonarda Silva Grimán, ya identificados.
3.- Declara la URGENCIA del caso.
4.- RESUELTA la interpretación del artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
5.- Se ORDENA publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial. Asimismo, se ORDENA que en la página principal del sitio web de este Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro.   
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de abril de dos mil dieciséis  (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.  
La Presidenta,
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Vicepresidente,
Arcadio Delgado Rosales
Ponente
Los Magistrados,
Carmen Zuleta de Merchán
Juan José Mendoza Jover
Calixto Ortega Ríos
Luis Fernando Damiani Bustillos
Lourdes Benicia Suárez Anderson
La Secretaria
Rosa Terenzio Terrevoli
Exp. 2016-0271
ADR/


25-05-16.-The Constitutional Chamber of the Supreme Court, knowing request for interpretation, determined that any amendment that seeks to be made to the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, can not have retroactive effect in time or be applicable immediately; meanwhile, admitting that case constitute a breach to the exercise of sovereignty under Article 5 of the Constitution, and that would be ignoring the will of the people.

He said the sentence, presentation of Judge Arcadio Delgado Rosales, the constituent established in Article 24 what the doctrine called "absolute retroactivity" therefore claim to amend the constitution in order to reduce the term of President of the Republic constitute an unconstitutional retroactivity.

The Chamber, motivation, alluded to the historical treatment that has been given to the figure of the amendment regarding its entry into force in presidential periods in comparative law and said, among other examples, that the amendment XXII (which dates back to 1951) of the US Constitution did not apply to the constitutional period was in effect at that time.

The ruling indicated that try to use the figure of the constitutional amendment to shorten immediately the exercise of an elective office as the President of the Republic, it constitutes fraud to the Constitution, which provides for other mechanisms of expression of the popular will.

In those terms the High Court ruled the request for interpretation of Article 340 of the basic text, and ordered publication of the judgment in Judicial Gazette and in the Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela.

full statement:

On March 15, 2016, the lawyer JOHNNY LEONIDAS JIMENEZ MENDOZA, holder of identity card number 8517341 V-, and enrolled in the Institute of Social Welfare Attorney under number 79626, acting on their own behalf, and attending ELSY citizen LEONARDA griman SILVA, holder of identity card No. V- 10,861,474, sued the interpretation of Article 340 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.

On March 17, 2016, he realized in Sala and was appointed Speaker Arcadio Delgado Rosales Judge, who with such character signs this failure.

I

REQUEST FOR INTERPRETATION

Johnny citizens and Elsy Mendoza Leonidas Leonarda Jimenez Silva griman, sued the interpretation of Article 340 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, based on the following considerations:

That (...) in the same political group in the MUD (sic), now with a majority representation of Members of Parliament in the National Assembly, being announced through all means [s] communicational and informative, the [a] alleged 'OUT' Constitutional President, through the mechanism of the constitutional amendment, enshrined in Article 340 of (the) letter (sic) magna (sic), proposing a 'cutout Presidential Period', to thereby amend Article 230 of the Constitution, which currently sets the presidential term of six (6) years, as a way to 'revoke' the mandate of the President of the Republic (...) "(Highlights of writing).

In this vein, they argued that "(...) a political sector grouped (sic) in the Table of Unity, have (sic) indicated that they will use (sic) the Constitutional Amendment enshrined in Article 340 of the CRBV (sic) to repeal the constitutional mandate of President (sic), being that if passed a reform of (the) letter (sic) constitutional (sic) with the sole purpose of 'out' of the constitutional President (sic) of the Republic, we could be in the presence of an overlap of popular and sovereign institution of the recall referendum, enshrined in Article 72 (...) ".

That, in his view, "(...) these actions under color of law could set up a constitutional fraud that damages the political rights of all electors, who in the exercise of popular sovereignty elected Citizen (sic) Nicolas Maduro Moros as President of the Bolivarian Republic of Venezuela, so we could be in the presence of the breakdown of constitutional order, partially violating (the) letter (sic) magna (sic) (...) ".

They stated that their standing to bring this application lies "(...) in the legitimate interest (sic) to defend (their) political and electoral rights as depositories of (their) sovereign will expressed in the presidential election held on April 13 2013, which (feel) threatened with the proposed constitutional amendment, that (his) understanding sets up a constitutional fraud. Similarly, (go) on behalf of the group of all the electoral people, who expressed willingness to elect a new President to continue the constitutional period 2013-2019. Also, Known to Occur (en) in compliance with (its) duty to defend (the) Constitution, as established in article 333 (...) ".

Article 340 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela states that "(...) the amendment aims addiction (sic) or modifying one or more articles of the Constitution without altering its basic structure (...)" ( Highlights of writing).

Now, to understand the plaintiffs, the following doubts and questions arise:

"(...) Is it constitutional through the amendment can revoke the mandate of President of the Bolivarian Republic of Venezuela? [.]

¿By shortening the Constitutional period (sic) the President of the Republic through the amendment would not undermine the exercise of sovereignty, enshrined in Article 5 of (the) letter (sic) Constitutional (sic)? [.]

What (sic) is [the] limit and scope of the amendment to reform some articles of the constitution (sic), do not touch, affect or impair the fundamental structure of (the) constitution (sic)? [.]

How approved the presidential cut through the amendment, we would not be in the presence of a constitutional fraud? [.]

Does using the mechanism of the constitutional amendment as the only order to revoke the presidential mandate, would not overlap Article 72 of the letter (sic) constitutional? [.]

If indeed an amendment to repeal the constitutional mandate took place, we would not be in the presence of partial violation of (the) letter (sic) of the Constitution, by [an] act of legal appearance? [.] (...) "(Highlighted of writing).

Based on the foregoing, they requested that the application for interpretation were admitted, substantiated and declared with place in the final judgment.

II

COMPETITION

It is for this Court to determine its jurisdiction of the requested constitutional interpretation and, indeed, notes that in judgment No. 1077 of September 22, 2000 (case: Servio Tulio León), this Court had jurisdiction to hear complaints of interpretation on the content and scope of the rules and constitutional principles, based on its quality of maximum guarantor of respect for the basic text as well as the powers expressly been attributed to the binding interpretation of its rules, in accordance with laid down in Article 335 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, in accordance with Article 336 eiusdem.

In the present case, it has been raised interpretation on the meaning and scope of Article 340 of the Basic Text and, in this regard, it is noted that the Board corresponds competition for knowledge of the requests for interpretation on the scope and intelligence of standards constitutional, in accordance with Article 25, cardinal 17 of the Organic Law of the Supreme Court, which states:

"Article 25: The powers of the Constitutional Chamber of the Supreme Court:

(...)

17. Know the request for interpretation of rules and principles that make up the constitutional system. "

Accordingly, pursuant to Article 335 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, according to the legal criteria above (case: Servio Tulio León), and pursuant to the provisions of Article 25, cardinal 17 of the Organic Law the Supreme Court, this Court has jurisdiction to knowledge of the request for interpretation exercised. So he decided.

III

ADMISSIBILITY

Clarified its jurisdiction, for the purpose of determining the admissibility of the claim proceedings, the Board considers appropriate to reaffirm the doctrine that this aspect has been raised since recognized the existence and relevance of a special declaratory mere action to clarify "the core precepts, values ​​or constitutional principles, attention to reasonable doubt as to the meaning and scope, originated in an alleged contradiction or obscurity in the terms, whose intelligence is important to clarify to satisfy the need for legal certainty, provided that such doubts born of acts, facts or circumstances which processing solution or not you are assigned to a separate body "(see, among others, statements we 1077/2000 case." Servio Tulio León "; 1347/2000 case" Ricardo Combellas "y457 / 2001 case:" Francisco Encinas Verde ").

In response to its own purpose, as judicial "enlightening and completive mechanism and, in this strict sense, judicial creator; [And] in any legal case, "it has made it clear that constitute grounds for inadmissibility of the action of constitutional interpretation the following circumstances:

(I) The lack of legitimacy of the plaintiff;

(Ii) Where there is no reasonable doubt as to the content, scope and applicability of constitutional norms, with respect to the factual situation in which the plaintiff is;

(Iii) When the Chamber has resolved the alleged around the same case or a similar doubt, persisting in her encouragement to keep his judgment;

(Iv) When this pathway is used as a mechanism to advance a ruling on a case brought before another court or to replace any ordinary means through which the judge to know, to clarify the doubt raised. That is, when using your exercise, aclarativa seeks to go beyond its purpose;

(V) When the interpretative accumulate claim another differently or subjected to procedures mutually exclusive nature;

(Vi) When the necessary documents not be accompanied to verify whether the application is admissible; Y

(Vii) When the writing is unintelligible or contains offensive or disrespectful concepts.

As regards the requisite capacity to try this very special action to ensure the exegesis of the Constitution, the petitioner must hold an actual personal interest, direct and resulting from a particular legal situation as an immediate consequence of the uncertainty arises regarding the content and scope of a constitutional provision that frankly affects the sphere of interests of the applicant.

Thus, it is necessary that such interest is linked to a current legal situation, not virtual or hypothetical, in order to prevent the interpretation given by the Board to become an academic exercise, without the practical purpose of integrating or harmonizing Fundamental standard. It is therefore not possible for any individual to occupy this room to resolve any doubts that, in the abstract, he is required regarding the interpretation of a constitutional provision (cf. No. 1383/2008 stc case.. Luis Henriquez Hueck).

In this case, the plaintiffs argued that their legitimacy is given by its legitimate interest in defending their political and electoral rights as custodians of their sovereign will, expressed in the presidential election held on 13 April 2013 in which was elected citizen Nicolas Maduro as President of the Bolivarian Republic of Venezuela, which they consider threatened during the proposed constitutional amendment, which repeatedly have hinted members of the various political parties that make up the Bureau of the Democratic unity (MUD).

In this regard, the Constitutional Court observes that it is a public fact notorious communicational (see, for example, http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/MUD-activara-3-vias-para-cesar-Gobierno-de-Maduro-20160308-0124.html; . Http: //www.el-carabobeno com / news / article / 120761 / mud-turn-tres-mechanisms-to-change-the-government; http://www.el-nacional.com/politica/MUD-anunciara-mecanismos-constitucionales-Maduro_0_806919315.html; among others) that the political organization called Democratic Unity Roundtable (MUD), along with elected to the National Assembly nominated by that organization members, have argued that activate the various mechanisms provided for in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela to achieve that the mandate of citizen Nicolas Maduro as President of the Republic, cease before the expiration of the period for which it was democratically elected (2013-2019). Among the various alternatives proposed is the figure of the Constitutional Amendment under Article 340 of the Constitution, the purpose of which would shrink to reduce the length of the presidential term of six (6) years to four (4) years, which judgment of the proponents of the constitutional mechanism -if approved through referendum would apply immediately, leading to the holding of new presidential elections within a relatively short time. Indeed, as of April 20, 2016, the National Assembly approved in first reading the draft Constitutional Amendment No. 2 which states, among other devices, reducing the presidential term to four (4) years and call for elections " not later than the second Sunday of December 2016 ".

This reflects that the demand raised in this case is properly articulated with a real factual situation, then directed to obtain an explanatory opinion on a specific uncertainty, facing the possible constitutional amendment alluded to, it is of special interest for any member the electorate, not only as key players in the electoral process, but, in general, as holders of the right to vote and stand, whose current scope would unquestionably touched by the content of the constitutional amendment that would raise the Parliament itself (see stc . n ° 2780/2003 case: "Elba yespica Walls").

In view of special relevance, the Board recognizes the plaintiffs sufficient standing to try this application for constitutional interpretation.

Additionally, it is noted that the question raised by the plaintiff is founded on reasonable grounds that report novelty in terms of their purpose, since if it is true that that court in its judgment No. 53 of February 3, 2009 (case Federico Andres Black Benitez and others) played, among others, Article 340 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, that interpretation was limited to analyzing the figure of the constitutional amendment against successive reelection of elected office and the possible involvement alternativity fundamental principle laid down in Article 6 of the Constitution. The case, meanwhile, represents an original and / or innovative approach, in which the institution of the constitutional amendment intended to be used as a mechanism for reducing the presidential term and if approved -after referendum respectivo-, proceed to immediate application.

Therefore, being so and given that the purpose of the claim has not impugning character; which no other claim has accumulated incompatible or mutually exclusive whose procedures; there is no need to study a documentary contribution to ascertain the situation which clarification is required, as it derives from the mere condition of electors of the plaintiffs and the eventual fact that the initiative by the majority of the members is realized of the National Assembly to hold a referendum to approve the proposed constitutional amendment; and finally, that the written libelar are clear from the terms of the claim and does not contain offensive or disrespectful terms; this action is admissible. So of states.

IV

CASE OF URGENCY

Based on the precedents statements contained in numbers 226/2001, 1,684 / 2008, 1,547 / 2011 and 02/2013, considering, firstly, that the present case is the right number, as it does not require the evacuation of evidence to be focused on obtaining an interpretative statement in accordance with Article 7 of the Code of Civil Procedure, which applies for an extra reference in Article 98 of the Organic Law of the Supreme Court, in accordance with Article 145 eiusdem, the Board considers appropriate to enter without further formalities decide this case. So he decided.

V

INTERPRETATION

This request for interpretation is intended that the Constitutional Court, as the highest and final interpreter of the Basic Text, determine the scope and content of Article 340 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, in relation to the proposals set forth in this demand.

In this regard, that court, in judgment No. 1309 of July 19, 2001 (case: Hermann Escarra), expressed his intention to explain the meaning of constitutional interpretation, in response to the postulate of Article 335 of the Constitution, to which he interpreted the concept and scope of its own interpretive authority, pointing to regard:

"... The constitutional interpretation turns the hermeneutical process around the rules and principles that the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela planned. This means that the protection of the Constitution and the constitutional jurisdiction that require guarantees that the interpretation of the entire legal system must be in accordance with the Constitution (see-fassungskonfome Auslegung von Gesetze). But this conformity requires the fulfillment of several conditions, some formal, as the fundamental technique (division of power, legal reserve, not ex post facto laws, generality and permanence of standards, legal sovereignty, etc.) [Ripert. Les Forces du droit créatices, Paris, LGDJ, 1955, pp. 307 ff]; and other axiológicas (social rule of law and justice, political pluralism and prominence of fundamental rights, sovereignty and national self-determination), as the dominant character of the Constitution in the interpretive process can not serve as a pretext to undermine the evident principles that Venezuelan constitutional state rests. Interpret the law according to the Constitution means, therefore, safeguard the Constitution of any deviation from principles and any departure from the political project that she embodies the will of the people.

 (...)

The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela provides for two kinds of constitutional interpretation. The first is linked to the diffuse control of the constitutionality of laws and all acts performed in direct implementation of the Constitution; and second, with the concentrated control of constitutionality said. As is known, Article 334 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela requires all judges the obligation to ensure the integrity of the Constitution; and Article 335 eiusdem prescribes the jurisdiction of the Supreme Court to ensure the supremacy and effectiveness of constitutional rules and principles, which declares the Constitutional Chamber its supreme and ultimate interpreter, to ensure uniform interpretation and application, and to proffer their interpretations of the content or scope of such principles and rules, binding with respect to the other chambers of the Supreme Court and other courts of the Republic (binding precedent). As can be seen, the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela does not duplicate these items the interpretative jurisdiction of the Constitution, but establishes two kinds of constitutional interpretation, namely individualized interpretation given in the judgment as individual norm, and general or abstract interpretation prescribed by articles 335, which is a real jurisdatio, insofar declaring erga omnes and pro future (ex nunc), the content and scope of the constitutional principles and rules whose constitutional interpretation urged by corresponding extraordinary action. This jurisdatio is different from the function concentratedly controls the constitutionality of laws, as such monofiláctica function is, as said Kelsen, a real negative legislation that enacts the invalidity of the rules that conflict with the Constitution, apart from the general interpretation or abstract referred subconstitcionales not about rules but about the constitutional system itself. The right meaning of Article 335 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela made possible the extraordinary action of interpretation, since, otherwise, that article would be redundant in the provisions of Article 334 eiusdem, which can only lead to rules individualized, such as even the judgments of the Constitutional Court regarding protection. The difference between the two types of interpretation is patent and produce decisive legal consequences in the exercise of constitutional jurisdiction by this Court. These consequences relate to the different effect of jurisdictio and jurisdatio and this is because the effectiveness of individualized standard is limited to the case solved, while the general rule produced by abstract interpretation applies erga omnes and is as true jurisdatio, an interpretation cuasiauténtica and paraconstituyente, who utters the content constitutionally declared by the fundamental text ... ".

Stated above, the Board passes elucidate, as he was sued by the plaintiffs, the content of Article 340 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, specifically related to the possibility of amending the constitution to reduce the presidential term provisions Article 230 eiusdem six (6) years to four (4) years. In the view of the actors, a positive conclusion imply an impairment of the exercise of sovereignty set out in Article 5 of the basic text and at the same time, it would face a constitutional fraud because it would overlap the figure of the revocatory referendum of officials popular election provided for in Article 72 eiusdem.

In short, there are two fundamental questions object of the demand for cars: (i) the Constitution can be amended in order to shorten the constitutional term of the President of the Republic, without necessarily implying a threat to the exercise of sovereignty? and (ii) by using the mechanism of the constitutional amendment, in order to revoke the presidential mandate would not overlap Article 72 of the Constitution?

For the purpose of providing answers to such questions, this Court deems it appropriate to analyze the figure of the constitutional amendment, as one of the mechanisms provided by the Constituent Assembly of 1999 to amend the Constitution and in this regard, Article 340 eiusdem establishes that "amendment concerns the addition or modification of one or more articles of the Constitution without altering its fundamental structure" (emphasis added).

In this regard, the Preamble of the Constitution, by referring to the figure of the constitutional amendment states:

"(...) The Constitution has maintained the ranking that distinguishes between the Amendment and the Constitutional Reform, incorporating, in turn, the power to convene a National Constituent Assembly to be consistent with the idea that it is the people's legitimate depositary the original constituent power. This saves accordance with the provisions of the Constitution does sovereignty reside in the people who can exercise directly or indirectly [.]

[N] is established a number of mechanisms through which the possibilities for changing the constitutional text are feasible and accessible, to avoid divorce between the fundamental rule of the legal system and the social, political, cultural and economic. The contrast between a formal Constitution and a real Constitution creates distortions that considerably aggravate crisis of governance and legitimacy of the political system, the absence of options to overcome them.

[...]

Hence our Constitution despite having the rigidity of the written constitutions must include elements that allow the adaptation to reality. One such element is the existence of a High Court through a progressive interpretation of historical character, based on the understanding of the historical moment, allow the best possible application of the highest legislative body to reality rightful rule; as it provided for in this Constitution with the creation of the Constitutional Chamber of the Supreme Court.

But also it should include elements of flexibility on the stiffest of written constitutions that conform the provisions regarding the form and mechanisms for amending the Constitution appearance.

In this sense, the possibilities of changing the legal base of the country must be comprehensive and to be effectively in the hands of a plurality of political and social actors. A participatory democracy can not build a rigid and petrified constitutional law. Instead, it would leave open many windows that participatory processes to develop fully, avoiding the deep divorce between the norm and reality.

[...]

In this context it should be understood that the exercise of sovereignty by the people, far from affecting the process of re-founding of the Republic and to achieve the goal of democratic deepening, becomes indispensable tool of the popular role, banishing system conclaves who chose the country's destiny behind society.

Regarding the amendment procedure, the limitations set forth in the Constitution of 1961, which made difficult the achievement of effective results are overcome. In the new Constitution has envisaged a more agile and flexible manner and proceeds to formulate a definition of amendment, understood as the addition or modification of articles of the text, as long as the fundamental structure (...) is not disturbed. "

Apart from the modalities "difficulties" for changing the fundamental text (reform and amendment), by their status as "rigid" Constitution, the Magna Carta of 1999 Charter calls for the case of the amendment compliance with special requirements not only for the initiative and the "referendum", but also to the procedure for its approval, which is similar to the formation of ratification laws, as Article 341.2 constitutional guideline.

The requirements required to activate the mechanism constitutional amendment as modified, are logical for several reasons, namely:

a) discussion and sanction corresponds to the National Assembly, which is the body legislator (Article 202 of the Constitution). That is, to be followed the provisions of Articles 205 to 211 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.

b) The Constitution is a legal text, although his condition supreme law and the need to ensure its supremacy under the consequences of the constitutional rigidity impose special regulations in the game for the Protection of the Constitution (Title VIII) Title. Ergo, any text that seeks to amend the framework, must also be treated as a law, although its express purpose is that, if approved, pass to integrate the constitutional order.

c) Finally, the proposed amendment should not only respect the structure of the Constitution, but also the fundamental principles of the Constitution and existing law. This limit or tax constituted power by the Constituent restriction is valid for any partial amendment (amendment or reform), because only the National Constituent Assembly can transform the state and create a new legal-constitutional order (Article 347 eiusdem), provided that no violates the principles contained in Article 350 of the basic text.

The above stated, the Constitutional Chamber warns that the President of the National Assembly and some members of the political majority of this state body, have openly declared through various media (radio, press, web portals, etc. ) its intention to "amend" the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (intention which has been partially materialized with the adoption in first reading of the draft Constitutional Amendment No. 2), in order to cut, effective immediately, the period constitutional President of the Republic.

In this regard, it appreciates this Court that, in principle, the modification of the constitutional term for the organs of public authorities is perfectly feasible through the mechanism of the amendment, provided they comply fully with the standard procedure for its approval,o he decided.

DECISION









The president,














e Secretary